Antes que nada,
quiero dejar claro que no soy especialista en urbanismo, en ingeniería, en
arquitectura o en disciplinas derivadas. Lo que voy a denunciar a continuación
responde a mi experiencia, a mi intuición y a lo que he leído recientemente
sobre el terremoto del pasado 19 de septiembre. La intención de este artículo
es señalar la pésima cultura de prevención de desastres naturales en la Ciudad
de México y la responsabilidad del Estado en esta problemática.
La
Ciudad de México siempre ha sido una zona sísmica, cada vez con más edificios y
construcciones grandes y cada vez con más pobladores. El fenómeno de los
temblores ha acompañado a la capital desde siempre y tiene no pocos ejemplos de
los que ha podido aprender, como el terremoto de 1957 o el de 1985.
¿Podríamos decir que alguien es responsable de los 180 muertos, los 3, 848
edificios dañados o de las decenas de inmuebles colapsados en este último
sismo?
Una cosa me queda clara: los fenómenos naturales son inevitables. No podemos
evitar las erupciones volcánicas, no podemos evitar los huracanes y no podemos
evitar los temblores, pero ¿podemos prevenir que los fenómenos naturales se
conviertan en desastres?
Vivo en la delegación Benito Juárez, una de las más afectadas por este sismo.
El edificio que se derrumbó en Tlalpan, a la altura de metro Ermita, queda a unas siete u ocho cuadras de mi casa, mientras que el edificio
que colapsó en Saratoga me queda a cuatro cuadras, así como el de Petén, que me
queda a cinco minutos a pie, por no entrar en detalle con los demás edificios
que colapsaron en mi delegación.
Crecí toda mi vida en la colonia Portales y puedo afirmar que en un lapso
de diez años se han construido edificios de manera desmedida e irresponsable.
Tan sólo en un área de cuatro cuadras puedo contar seis edificios nuevos o en
construcción que se erigieron con una rapidez impresionante.
Por señalar algunas pruebas de que estos edificios nuevos han puesto en riesgo
a mis vecinos, mencionaré al edificio de Saratoga, que justo a lado tenía una
excavación profunda lista para edificar otro inmueble. En palabras de mis
vecinos afectados, la excavación facilitó el derrumbe de su vivienda. También
puedo mencionar al edificio ubicado entre Tlalpan y Antillas, que comparte
cuadra con cuatro edificios nuevos y se derrumbó a menos de SEIS MESES de ser
habitado[1].
Si
a pequeña escala pude percatarme de la posible corrupción entre la
delegación y las constructoras que se han permitido saltarse los
protocolos de seguridad, puedo
imaginarme cómo funciona esto en la ciudad a gran escala, e incluso puedo remitirme al trágico caso del colegio Enrique Rébsamen, que como muchas escuelas,
impartía clases en un domicilio particular sin seguridad adecuada con el permiso de la delegación.
[1]
A
esta falla de las autoridades en garantizar la seguridad de las
viviendas y construcciones, se suma la falla de su reacción después de
la tragedia, ya que ha brillado por su ausencia
en puntos devastados como San Gregorio, Xochimilco, y por su exceso
irracional de autoridad al prohibir el paso de los voluntarios,
demostrando que es una decisión contraproducente, como se pudo ver en el
caso de Álvaro Obregón 286,
donde los israelitas rescataron a 28 personas aplicando exactamente las medidas contrarias.
[2]
Por
si fuera poco, pasamos de la invasión del negocio de las constructoras a
la invasión del negocio de las demoledoras amparadas por las
autoridades, que impiden el rescate de las víctimas como en el caso de Saratoga[3],
sin tomar la más mínima consideración del aprendizaje que dejó el
terremoto del 85, donde dos semanas después de los derrumbes aún se
encontraba gente con vida (y esto sólo por mencionar cómo se ha
comportado el Estado en esta ciudad. Podríamos hablar de cómo
fue condicionada la ayuda en Morelos por parte de Graco Ramírez[4]
o
del aviso del Estado de México que no cuenta con alertas sísmicas en las calles).[5]
Dicho lo anterior, tiene sentido que
la gente saque a gritos al delegado Avelino Méndez, de San Gregorio, o
que la gente muestre su rechazo a Osorio Chong cuando se paran frente a
los perjudicados por el sismo. La gente muestra
su inconformidad, platica en las calles sobre cómo el Estado se ve
rebasado por ellos mismos, los señala como responsables y prefiere
organizarse entre sí para salir de este problema, y, mientras tanto, las
autoridades cercan edificios y nos mandan a nuestras
casas. La organización de la gente es su derrumbe.
No
basta el “no corro, no grito, no empujo” para evitar estas tragedias.
Hace falta planificación urbana y respeto de los protocolos de
seguridad.
Si el gobierno fomenta la
organización ciudadana para las jornadas electorales, ¿por qué no
organizar a la población así antes de los desastres naturales? ¿Por qué
no ofrecer capacitación de primeros auxilios tal como se
ofrece capacitación para vigilar casillas o por qué no asignar tareas
en los vecindarios en caso de emergencias tal como se asignan comisiones
por sección para votar?
Que pare ya la corrupción entre
delegados y constructoras irresponsables, entre demoledoras y entre
escuelas, negocios y empresas que no cumplen con las medidas básicas de
seguridad.
Necesitamos que el Estado se haga
responsable de sus funciones y garantice nuestro bienestar ante los
fenómenos naturales. No dejemos que la organización ciudadana que
revivió el terremoto se la lleve el viento. La necesitamos
para levantar nuestra ciudad, para evitar que se vuelva a caer y, más
adelante, para levantar al país.
Cecilia MV
Referencias:
[6] http://www.jornada.unam.mx/
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