En defensa de Cataluña

En días pasados, la crisis política alrededor de la comunidad catalana se ha profundizado. El gobierno central español, encabezado por el Partido Popular en manos de Mariano Rajoy, y a la sombra del Rey, ha adoptado una estrategia agresiva de intimidación. Ante las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de 1978, el govern del independentista Carles Puigdemont podría ser desconocido de un momento para otro.

El artículo 155, dota de un poder excepcional al Gobierno de España para defender el "interés general" frente a los intereses particulares de las autonomías:

"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general."

Por supuesto, Bruselas respalda la decisión del Consejo de Ministros, constatando la legalidad constitucional de la intervención. El debate en torno a la legalidad de las medidas pactadas por el PP, el PSOE y Ciudadanos, desde mi punto de vista, es irrelevante mientras que el Tribunal Constitucional no se pronuncie de manera definitiva. Lo que se encuentra en juego, en realidad, es la legitimidad misma de las leyes e instituciones españolas, que aún cargan con los restos de la dictadura franquista.

La adopción del parlamentarismo permitió la apertura política a sectores de la sociedad que habían sido desestimados. Sin embargo, la transición democrática de fondo quedó inconclusa, estableciendo un sistema elitista y minoritario. Más allá de la influencia jurídica de las Leyes Fundamentales del Reino en la tradición legal española, la permanencia de una estructura desigual y asimétrica en la toma de decisiones ha sido característica del desarrollo en el campo electoral.

Desde esta perspectiva, la cuestión de Cataluña no se reduce al afán independentista del Partido Demócrata Europeo Catalán —y se encuentra cercanamente relacionada al movimiento nacionalista vasco—. El problema Catalán es un problema colonialista, que pone en evidencia la herencia imperialista de un gobierno español forjado en las fauces de una dictadura fascista que, hasta nuestros días, sigue impregnando a las instituciones y leyes monárquicas.

Claro, en un país gobernado por una monarquía —sea o no constitucional—, es imposible esperar un verdadero régimen democrático y popular, o un simple respeto a los principios del diálogo y la negociación política. La crisis ideológica española no se termina en la discusión sobre la libre determinación de los pueblos; se extiende hasta la realidad de un pueblo oprimido por la tradición monárquico-fascista conservadora, que distribuye la participación política como un privilegio exclusivo para las minorías.

Ahora, me resulta sorprendente encontrarme con tal polarización de la opinión pública. Basta con navegar por las redes sociales para verificar la cantidad de opiniones encontradas al respecto. Desde aquellos que defienden la permanencia catalana y la intervención del Gobierno basándose en un criterio positivo de legalidad, hasta aquellos mismos que niegan la legitimidad del govern para emprender tal acto revolucionario.

Es por ello que, en breves palabras, pretendo responder a aquellos que defienden la opresión y autoritarismo del gobierno conservador y retrógrada que dirige a nuestra nación hermana; y que pretende conservar los territorios catalanes y vascos a cualquier costo.

En primer lugar, apelo a la exposición magistral de Ferdinand Lassalle en 1862. Todo estudioso del derecho y las ciencias sociales, presupongo, estará familiarizado con los preceptos teóricos de ¿Qué es una constitución?. Sin lugar a dudas, Lassalle llega a la demostración sobre la importancia de los factores reales de poder en la formulación de la norma constitucional. La ley, entonces, no es un aparato normativo-ético que pueda identificarse con la moralidad y la legitimidad de la justicia. Por el contrario, el texto constitucional es una manifestación de los intereses y relaciones de los legisladores, que a su vez responden a distintos poderes fácticos dentro de las sociedades.

Así, resulta insuficiente argumentar en contra de la separación catalana basándose únicamente en su ilegalidad. Innumerable cantidad de revoluciones y movimientos sociales, que llevaron a la construcción de los Derechos Humanos y la libertad individual —valores ahora incuestionables—, fueron en su momento transgresiones a las normas positivas de un régimen opresor. La misma Hannah Arendt, en Eichman en Jerusalén, se ocupa del debate en torno a la legalidad del régimen nazi, y su confusión con la legitimidad.

En segundo lugar, y me gustaría ahora retomar la obra de Thomas Payne, la tradición histórica y constitucional no es suficiente para justificar un contrato social. En su Common sense —que irónicamente sigue sin ser common sense—, Payne defiende la independencia de las Trece Colonias reconociendo que ninguna generación posee el derecho de someter a sus sucesores a un régimen monárquico o a sujeción de cualquier tipo. Los legisladores actuales y pasados no tienen el derecho de desaparecer la libertad de aquellos que aún no han nacido ni han sido representados. Es, por tanto, imposible que cualquier cuerpo colegiado decida, permanentemente, someter a un pueblo al despotismo de la dependencia.

Los ciudadanos catalanes tienen todo el derecho de decidir por sí mismos su pertenencia a la unión española, en cualquier punto de la historia.  A pesar de la hermandad que compartió Cataluña con las otras comunidades españolas, las transgresiones del Gobierno han dañado para siempre la relación recíproca de confianza y solidaridad. Como diría Milton: "Jamás la verdadera reconciliación puede crecer allí donde las heridas de odio mortal han penetrado tan hondamente".

Lo mejor es la separación; la independencia y la libertad.

Rodrigo Salas
@Saur_tafly