Reconstruyendo la memoria

El sismo del pasado 19 de septiembre dejó una cosa en claro: a pesar de la frecuencia inevitable de los sismos en la Ciudad de México, ni los civiles, ni el gobierno, ni los edificios que habitamos estaban preparados para afrontar la llegada de un temblor. Los protocolos de seguridad que aprendimos desde temprana edad resultaron ineficientes; las construcciones que levantan la capital se mostraron frágiles; el gobierno, responsable de mantener el orden, se vio rebasado. Una vez más, un fenómeno natural sacó a relucir las profundas fallas sistemáticas de nuestra ciudad, volviéndose así una catástrofe más en la historia del DF.

     Todas las negligencias y errores que salieron a relucir a raíz de la sacudida de 7.2 grados invitaron a renovar las discusiones en torno a nuestra cultura sísmica. Se habló mucho de la falta de estudios sobre el tipo de suelo de la ciudad, se discutió acerca de la corrupción entre inmobiliarias y delegaciones, se cuestionaron los protocolos de seguridad vigentes, se denunció la falta de alarmas sísmicas en las periferias y, sobre todo, muchos nos preguntamos cómo es que pudo ocurrir un desastre de tal magnitud después de las políticas aplicadas tras el sismo del 85. El debate fue más allá de de las discusiones personales y escaló a los medios de comunicación, y, junto con ellos, la sociedad, además de reflexionar lo que acaba de pasar, no paró de agradecer la solidaridad y la cooperación generalizada. Y es cierto: en los días posteriores al 19 de septiembre, el dolor y el miedo común entre los civiles nos hizo experimentar un ambiente de empatía y de acompañamiento.

     Los días fueron avanzando y cada vez más gente se incorporaba a la normalidad. Algunos albergues y centros de acopio siguieron abiertos y, poco a poco, los edificios en mal estado y los escombros se fueron cercando con cinta amarilla, incorporándose al paisaje cotidiano y dejando a sus antiguos habitantes fuera y en la total incertidumbre. Aun así, el gobierno ofreció abiertamente todo el apoyo a los damnificados. Algunos países y muchas empresas privadas hicieron donativos de miles de pesos. Se le pintó un mural a la perrita Frida en la colonia Roma y el lema “Fuerza México” se convirtió en slogan de muchas marcas y de personalidades destacadas. A pesar de la tragedia, los damnificados no estaban solos. La gente y el gobierno nunca habían puesto una mejor cara para ayudar.

   Poco tiempo después el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera promovió la Ley de reconstrucción, que, entre otras cosas, planteó un examen económico que determinaría cuánto pagaría el gobierno a los damnificados por los daños del sismo. Como la cantidad de dinero que se aportaba para la mayoría era insuficiente, a los afectados se les dio la opción de un pedir un crédito para rehacer sus hogares. La lógica de la ley es simple: si un temblor llega a tirar nuestra casa, tendremos que volver a pagarla de nuestros bolsillos.

     Aquella coyuntura del sismo que levantó tantas esperanzas comenzó a tornarse desalentadora. El gobierno mostró una vez más su verdadera cara, dejando a miles de damnificados en las calles, en el frío y la lluvia, descuidando así al resto de la población defeña, a la que dejó en un estado de vulnerabilidad ante un próximo temblor con la aprobación de dicha ley. ¿A dónde fue todo el dinero donado por los grandes empresarios de México y de los países que se solidarizaron? ¿No era el derecho a la vivienda un derecho humano? El gobierno no ha dado respuestas claras y más bien ha optado por ponerle peros específicos a cada edificio en mal estado para no pagar (o pagar sólo parcialmente) los daños que se originaron en parte por el terremoto y en parte por la corrupción de las inmobiliarias y por una política deficiente de prevención de desastres naturales.

       Los daños materiales ocasionados por el 19 de septiembre se cuentan por millones de pesos, los muertos se calculan en decenas, ¿y al olvido quién lo mide? A cinco meses del sismo cientos de familias damnificadas siguen viviendo en la calle, la directora del colegio Rébsamen no ha sido arrestada, son pocos los funcionarios y empresarios que han tenido consecuencias legales por la corrupción inmobiliaria, los protocolos de seguridad no han cambiado, los edificios en peor estado no han sido derrumbados, los permisos para construcciones sin las medidas mínimas de seguridad aumentan y la ley Mancera no parece dar marcha atrás. El sentimiento de empatía y acompañamiento que nació en el sismo se esfumó, y con ello se esfumó también la urgencia de resolver los defectos sistemáticos de nuestro gobierno y de nuestra cultura sísmica, que de mejorarse, evitarían otra catástrofe.

     En la mañana estaba leyendo una noticia del Universal que pedía no dejarse engañar por un mensaje que anunciaba un temblor de 9 grados para el jueves a las cinco de la tarde. Es cierto lo que decía el Universal: los sismos no se pueden predecir. Pero más que buscar probabilidades, una cosa es segura: puede temblar en cualquier momento. ¿Necesitamos otro sismo para organizarnos?

Cecilia Mv